La firma llegó a emplear a 2.500 personas y se hizo conocida por financiar compras en cuotas a clientes sin acceso al crédito bancario.

En medio de la crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei al gobierno, una cadena de electrodomésticos cerró su último local y le puso fin a más de 100 años de historia. Minicuotas Ribeiro bajó la persiana de su último punto de venta y marcó así el final de una historia comercial que se había iniciado en San Luis hace más de un siglo.

La sucursal de Villa Mercedes, la misma ciudad donde la empresa abrió sus puertas en 1910, fue la última en dejar de funcionar, después de un prolongado proceso que incluyó despidos, cierres de locales y deudas salariales e indemnizatorias.

En su etapa de expansión, Ribeiro llegó a contar con 87 sucursales distribuidas por el país y una plantilla de alrededor de 2.500 empleados. Su propuesta comercial apuntaba a un público que habitualmente encontraba dificultades para acceder al financiamiento tradicional: personas sin recibo de sueldo, trabajadores informales y quienes dependían de changas para sostener sus ingresos.

La empresa había comenzado como un negocio familiar dedicado a la joyería, la relojería y la óptica, fundado por Manuel Ribeiro. Con el paso de las generaciones, el emprendimiento quedó en manos de su hijo Luis y luego de su nieto, el sociólogo Manuel Ribeiro, quien impulsó el sistema de financiación que terminaría convirtiéndose en la principal marca distintiva de la compañía.

La idea de las minicuotas tuvo una primera experiencia piloto en 2001, en el barrio porteño de Bajo Flores, y se lanzó formalmente en 2006. Inspirado en el modelo del Grameen Bank, creado por Muhammad Yunus en Bangladesh, Ribeiro buscó ofrecer crédito a consumidores que no reunían los requisitos habituales exigidos por los bancos. Esa estrategia le permitió competir con las grandes cadenas de electrodomésticos y construir una extensa red comercial.

Una crisis que no paró de crecer

Sin embargo, el modelo no logró sostenerse frente al deterioro financiero que comenzó a hacerse visible a fines de 2018. En ese período, los problemas de liquidez llegaron a los propios trabajadores: hubo empleados que empezaron a cobrar sus salarios en cuotas, una señal de la gravedad que atravesaba la compañía.

En 2019, la firma solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis. A partir de entonces, se sucedieron los cierres de sucursales y las desvinculaciones, mientras la empresa buscaba un socio que aportara una salida financiera. Esa alternativa nunca se concretó.

La crisis también tuvo episodios dramáticos. La falta de pago de los salarios llevó a Teresa, una empleada de Tartagal, a iniciar una huelga de hambre. En octubre de 2019, otro trabajador, desesperado por la situación, ingresó con un automóvil a un local de la empresa en el barrio porteño de Caballito. Mientras la red comercial se reducía, numerosos empleados quedaron a la espera de cobrar las indemnizaciones. Algunos habían aceptado la promesa de recibirlas en cuotas, pero todavía esperan una respuesta judicial que les permita recuperar el dinero adeudado.