Un juez dispuso retener su dieta hasta cubrir $40 millones, mientras avanzan otras demandas contra la referente de La Libertad Avanza.

Un juez de esta ciudad dispuso el embargo de la dieta de Lorena Villaverde como diputada nacional y el medio aguinaldo hasta cubrir unos $40 millones. Así, Santiago Morán, del Juzgado Civil Nº 3, hizo lugar a una medida cautelar presentada por un damnificado que compró un lote en un desarrollo inmobiliario de Las Grutas.

Villaverde, que no pudo jurar como senadora a raíz de la causa que afrontó por narcotráfico en Estado Unidos y sus vínculos con un primo de Federico “Fred” Machado, está acusada por daños y perjuicios en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. En sus fundamentos, el fallo de Morán subraya los daños y perjuicios por incumplimiento contractual y cobro de canon locativo derivado de esa falta de entrega. La operación de compra del lote en cuestión se concretó en 2022.

Si bien el desarrollo contaría con calles internas de ripio, provisión de agua potable, electricidad y alumbrado púbico, a tres años de la firma el comprador no había recibido aún su terreno. Los servicios pactados tampoco se habían realizado.

Frente a esa demanda, el juez de Bariloche dispuso cubrir con el embargo preventivo sobre las remuneraciones laborales y el sueldo anual complementario (excluidas las cargas familiares) hasta $27 millones en concepto de capital más $13,5 millones, que se estiman en concepto de intereses y costas.

Presentada por el Estudio Jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, la acción se vincula con un contrato firmado en septiembre de 2020 por la adquisición de un lote del fraccionamiento denominado “Tajamar”, con una superficie de 465,80 metros cuadrados.

En agosto pasado, ese mismo juzgado de San Antonio Oeste dictaminó un embargo preventivo de hasta $50 millones contra Villaverde. Frente a otras dos demandas, la diputada de La Libertad Avanza homologó acuerdos con dos mujeres damnificadas: para evitar el juicio, Villaverde accedió a pagar $12 millones y $10 millones en dos cuotas mensuales, respectivamente.

En otros expedientes similares que se abrieron por perjuicios vinculados con el loteo Tajamar de Las Grutas, Villaverde había afirmado que la pandemia demoró las obras y extendió los plazos de entrega de los terrenos.

Antes de 2020, la diputada libertaria había comenzado a promocionar unos lotes en la zona sur de Las Grutas, sobre la costa rionegrina. En los planos catastrales del municipio de San Antonio Oeste, esas hectáreas figuran como zona rural y no poseen habilitación para construir.

“En el caso de una de mis clientas, se ha hecho una construcción en el loteo y resultó que no tenía autorización”, explicaba en agosto de 2024 Lucas Cerro, abogado de varios de los demandantes. Y sumaba: “Los contratos están firmados y tenían un plazo. Los plazos están sumamente vencidos, llevamos aproximadamente tres años litigando”.

Varias de las demandas contra Villaverde subrayan que el loteo no posee aprobación formal por parte del municipio. Tampoco hay constancia de autorización según la ordenanza municipal vigente, ni inscripción catastral, ni trazado urbano aprobado, ni apertura formal de calles. Y todo ello resulta clave a la hora de obtener permisos de edificación, factibilidad de servicios y escrituración.