Las autoridades buscarán desde hoy el aval del Consejo Directivo para ese objetivo que no implica necesariamente una venta; las estaciones experimentales se reducirían de 52 a 23 en todo el país.

Tras un año intenso, en el que el gobierno de Javier Milei buscó avanzar con despidos y una transformación estructural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), lo que derivó en protestas gremiales, presentaciones judiciales y una medida cautelar que frenó parcialmente los cambios impulsados por las autoridades, se conoció la cantidad de tierras que buscará prescindir del organismo. En el argumento que plantea el Ejecutivo es que “insistir en un modelo de hace 70 años no solo es más costoso”, sino más lento e ineficiente. Este jueves y viernes se llevarán adelante reuniones con el Consejo Directivo, además, el próximo lunes habrá un encuentro con los integrantes de la Mesa de Enlace.

Antes de que termine el año, los representantes del Gobierno, estos son Nicolás Bronzovich, presidente, y Carlos Alberto Vera, vicepresidente, pondrán sobre la mesa una medida de alto impacto patrimonial. Se trata de la “desafectación” de 33.836 hectáreas que, según una auditoría oficial, se encuentran actualmente “en desuso”. Según se detalló en un documento al que tuvo acceso La Nacion, los campos en cuestión han sido “debidamente analizados y se encuentran sin utilidad para fines de experimentación, además de reunir las condiciones dominiales necesarias para proceder a su desafectación”.

Es de ese total que el Ejecutivo propone avanzar sobre las casi 34.000 hectáreas que “ya cuentan con las condiciones dominiales necesarias para su desafectación” y que han sido analizadas junto a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Además se instruirá al Director General de Administración para que continúe relevando otros bienes muebles e inmuebles innecesarios para las funciones sustantivas del organismo.

En ese sentido se menciona que las 33.836 hectáreas a desafectar, las cuales están distribuidas en siete establecimientos de distintas provincias, el lote más grande corresponde a un campo en Chubut, seguido de importantes extensiones en La Rioja y Santiago del Estero.

En el caso de Chubut, figura el Campo Río Mayo (EEA Chubut): es la mayor extensión que se sacará, con 9850 hectáreas. El predio está ubicado sobre la ruta nacional 40. En el caso de La Rioja, (EEA Chamical) se trata de 8402 hectáreas ubicadas en el paraje Los Cerrillos, sobre la ruta nacional 79. El documento lo describe como un campo para explotación ganadera.

Mientras que en Santiago del Estero, en Ing. Agr. Francisco Cantos son 7476 hectáreas pertenecientes a la Estación Experimental de Santiago del Estero. Señalaron que el predio cuenta con canales de riego y aptitud para horticultura y ganadería. Por otra parte, en el Chaco se detalla el Campo Gral. Obligado (EEA Colonia Benítez): una superficie aproximada de 3440 hectáreas en la localidad de General Donovan.

En otra línea, observaron que en Río Negro, en Reserva Forestal Loma del Medio (EEA Bariloche) se desafectarán 2413 hectáreas en la zona de El Bolsón. El informe indicó que se trata de una reserva forestal con extracción maderera y explotación turística. En el caso de Misiones, en el campo Manuel Belgrano (EEA Montecarlo), son 2240 hectáreas ubicadas en San Antonio, sobre la ruta nacional 101.

Y en La Pampa, en General Pico, en la (EEA Anguil Covas), el predio más pequeño de la lista figura con 15 hectáreas a desafectar. Adicionalmente el documento también precisó un octavo inmueble: el Campo Rufino Mir (EEA Pergamino) en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, este predio de 162 hectáreas aún presenta diferencias en los registros con la AABE, por lo que su situación sigue “en estudio”. En todos los casos, la AABE será el encargado de administrar y eventualmente vender o disponer los bienes.

El informe también puso como ejemplo que a los gastos fijos que el INTA debe afrontar en concepto de servicios y mantenimiento de las 293 Agencias de Extensión Rural en todo el país hay que añadirle el costo de alquiler del 12% de ellas. De las cuales, el 65% funcionan con menos de cuatro personas, y de ese porcentaje, el 18% operan como oficinas privadas de una sola persona, quienes cobran como jefes de agencia sin tener personal a cargo.

Estaciones Experimentales

Además de la venta de tierras, el plan oficial contempla una “evaluación y racionalización” drástica de las Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA), que actualmente suman 52 en todo el país. La propuesta de máxima es reducir esa estructura a menos de la mitad, estableciendo como criterio general “mantener una Estación Experimental por cada una de las 23 provincias”, bajo el argumento de adecuar la organización a las necesidades reales de investigación e innovación.

La letra chica del documento indica que será el Consejo Directivo quien defina cuáles de las actuales sedes continuarán operativas y qué perfil productivo asumirán. Si bien la regla es una por provincia, el texto deja una puerta abierta a la flexibilidad, permitiendo determinar “la permanencia de dos EEA en aquellas jurisdicciones que por sus particularidades productivas o ambientales así lo justifiquen”. El objetivo numérico final se estima en “a definir 23” estaciones.

Un caso que parece ya sentenciado es el de la estación ubicada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El documento incluyó explícitamente en el punteo la decisión de “Derogar Estación Experimental AMBA”, y señaló que esta medida ya cuenta con el visto bueno administrativo al haber sido “Aprobado por Acta N° 600”. Esta reestructuración se ampara en una interpretación de la Ley 13.254, que busca un sistema “coherente, eficiente y alineado con las líneas estratégicas”.