Referentes de la producción coincidieron ayer en una reunión para rechazar una normativa que exige anotarse en un registro para utilizar el herbicida.

Una gran convocatoria de referentes productivos de toda la provincia se reunió ayer en esta ciudad capital para pedir que se derogue la Ley de Bioinsumos que entró en vigencia este mes y que restringe el uso del glifosato y obliga a anotarse en un registro y cumplir con ciertos pasos burocráticos.

La Ley VIII-103 de Bioinsumos, muy resistida por productores de todo el arco productivo misionero incluyendo yerba, forestaciones, té, tabaco, mandioca y otros rubros, obliga a quienes quieran seguir utilizando el glifosato a anotarse en el Registro de acceso a la Prórroga para uso de Glifosato (Decreto 1608/24), en la página web del Ministerio del Agro.

Entre otras cuestiones, hay que certificar con documentación respaldatoria que los productores tienen exigencias de sus compradores de utilizar el glifosato para poder acceder a esta excepción. Uno de los casos más notorios es el de la industria tealera, que recibió llamados de atención y consultas de los importadores estadounidenses, preocupados por la calidad del producto en caso de eliminarse el herbicida en las plantaciones.

“Nos obligan a vivir en la ilegalidad, muy pocos productores se anotaron”, explicó a La Nacion Miguel Nuñez, diputado que integraba el PRO, que viene del sector productivo de San Pedro y quien más se enfrentó a esta Ley impulsada por Carlos Rovira.

La Ley de Bioinsumos fue sancionada hace dos años en medio del abierto rechazo de todo el mundo productivo, que argumentaba que es indispensable este insumo para desmalezar y cuidar los cultivos en una provincia donde, además, cuesta encontrar mano de obra para realizar estas tareas a mano.

Rovira, por otra parte, ve en esta Ley una oportunidad más para convertir a Misiones en un “santuario verde”, que conserve la mayor parte de la biodiversidad de la Argentina. Una estrategia que incluye también el debut de Misiones en la venta de bonos de carbono en el mercado voluntario, con una primera emisión por entre 70 y 80 millones de dólares por las capturas ya certificadas del monte misionero entre 2019 y 2022.

El glifosato irrumpió en Misiones hace 40 años, y generó una revolución productiva y social. Su utilización en parte reemplazó a la mano de obra de miles de peones que se dedicaban a carpir y desmalezar los campos.

“No se trata de defender el glifosato. El problema es que hasta hoy no existe un reemplazo biológico que haya mostrado eficacia real en las condiciones productivas en Misiones, ni que sea accesible para los productores”, señalaron en un comunicado tras la multitudinaria convocatoria de ayer en la sede de la Confederación Económica de Misiones (CEM).

En su momento, por el amplio rechazo del mundo productivo a esta ley, el gobierno provincial accedió a prorrogar la prohibición total del glifosato hasta 2030, pero con la condición de que los productores se anotaran a partir de este mes en el mencionado registro.

Lo que están pidiendo los productores es que se derogue el artículo 7 de la Ley de Bioinsumos, que es el que prohíbe la utilización del glifosato, señaló Guillermo Fachinello, el anfitrión en la convocatoria de ayer. “Esperemos que esta semana empecemos a recibir llamados para abrir esta mesa de diálogo con el Gobierno”, afirmó Fachinello, titular de la CEM.

“El sector productivo está muy preocupado y quiere trabajar todos juntos. Nadie en el Gobierno puede hacerse el sorprendido”, indicó este empresario del rubro forestal. Hoy Fachinello fue convocado a una reunión con el gobernador para discutir este tema, aunque aún no se divulgaron novedades.

“Nosotros no queremos únicamente la derogación del artículo 7, sino la derogación de toda la Ley de Bioinsumos”, agregó, por su parte, Nuñez, quien presentará un proyecto de ley en la Legislatura.

Más allá de las cuestiones técnicas, el trasfondo de la petición no está exento de un claro tinte político. El reclamo por la prohibición del glifosato logró acaparar a los empresarios y productores alineados en la vereda de enfrente del oficialismo misionero, que controla la provincia hace casi 25 años.

No se trata únicamente de que los dejen utilizar el bioinsumo, sino también de mandar un mensaje del fuerte malestar por haber sido condicionados por una ley que se sancionó sin interconsultas al sector productivo, a pesar de que fueron los principales perjudicados, según dijeron.

El malestar ayer fue tan grande que un importante empresario echó a viva voz al diputado nacional “radical-peluca” Martín Arjol y a los diputados provinciales Javier Mela (“radical peluca”) y Cristian Castro (PAYS). Ante la consulta de La Nacion uno de los organizadores explicó que no tenían invitación y se les había advertido que no iban a entrar. Pero si dejaron ingresar a Diego Hartfield y Adrián Nuñez, los referentes de Javier Milei y flamantes diputados provinciales electos. “Su presencia puede servir para canalizar reclamos a esta mesa de trabajo”, indicaron.

Además de Fachinello y Nuñez, ayer participaron de la convocatoria destacados empresarios y productores de todo el arco productivo misionero, como Francisco “Pepi” Wipplinger, Victor Saguier, Rafael Scherer, Ricardo Ranger, Ariel Steffen, Miguel Godina, Gerardo Díaz Beltrán, Enrique Bongers, Victor Chamula, Manfredo Seifert, Dionel Kimmich, Jorge Pujato, Enrique Urrutia, Matías Pamberger, Fernando Azula, Maura Gruber, Nicolás Ocampo y Sergio Dellapierre. Varios de los presentes se colgaron un cartelito con la leyenda: “No maten a la producción”.

Por Martín Boerr.-

LA NACION.-